La AFN reclama que los planes de gestión de la Red Natura 2000 aseguren la conservación de especies y hábitats

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Paisaje somedano (7) mayo 2005

Paisaje de Somiedo (Asturias), uno de los espacios naturales integrados en la Red Natura 2000.

A la vista de la denuncia de la Comisión Europea a España por no aprobar los planes de gestión de la Red Natura 2000, la Asociación de Fundaciones Privadas de Conservación de la Naturaleza (AFN) manifiesta su preocupación por las repercusiones que este incumplimiento de las comunidades autónomas –que son las competentes para cumplir con la aprobación de dichos planes- puede tener en las áreas integradas en la gran red europea de espacios protegidos.

El 30% del territorio español forma parte de la Red Natura 2000, sumando más de 2.000 espacios distribuidos por todo el territorio de nuestro país. En la carta de emplazamiento enviada a España, la Comisión Europea señala que, de un total de 1.085 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), solo una muy pequeña parte goza de protección efectiva, por lo que carece de las medidas de conservación apropiadas a sus exigencias ecológicas, incumpliéndose por ello dos directivas europeas (Aves y Hábitats).

Para la AFN, es preocupante la constatación de que existen comunidades autónomas que no han aprobado todavía ningún plan de gestión de los espacios naturales integrados en la Red Natura 2000, a pesar de que los plazos se han cumplido sobradamente. Por otro lado, en algunas comunidades autónomas donde los planes han sido aprobados en los últimos meses no se han realizado los procesos de participación pública que aseguren la participación de la sociedad en general y los habitantes de los municipios incluidos en la Red Natura 2000 en particular. Por si fuera poco, muchos de esos planes carecen de la calidad necesaria para gestionar de una manera eficiente los espacios y asegurar la adecuada conservación de las especies y los hábitats.

La AFN solicita, por tanto, la aprobación de los planes de gestión que aún faltan, garantizando su calidad tras un adecuado proceso de participación pública. Esta entidad considera necesaria además la revisión de aquellos planes que, ya aprobados, no cumplen con los necesarios requisitos de calidad y no han asegurado en el procedimiento de aprobación la participación de la sociedad.